El riesgo del indulto

En estos últimos días el término “Indulto” ha sonado bastante por toda la geografía española, y son muchas las voces que se plantean la validez legal de este asunto y si habría que plantearse modificar las leyes para evitar este tipo de injusticias en muchos casos. El riesgo del indulto

El mes pasado 200 jueces de todas las comunidades españolas firmaron un manifiesto de título “El indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la dignidad”. Con él querían denunciar el por aquél entonces caso en el que varios mossos d´esquadra fueron indultados por un delito de torturas.

Con este tipo de indultos el Gobierno dinamita la actual división de poderes adoptando la capacidad de tener responsabilidad dentro del Poder Judicial, algo que está representado en la propia Constitución.

Además, cuando se trata de casos de tortura, aun la situación es más grave, puesto que sin duda es uno de los peores actos realizables contra la dignidad de la persona según afirman estos jueces en su manifiesto.

Previamente ya ha habido varios casos similares como el de Alfredo Sáenz, los militares del Yak 42, distintos alcaldes y concejales implicados en delitos de prevaricación urbanística o incluso el caso de Josep María Servije, líder de la trama vinculada a Unió Democrática de Catañunya que desvalijaba las arcas de la Consejería de Trabajo de la Generalitat. Todos estos casos no se trata de drogadictos rehabilitados a los que el ingreso en prisión les hubiese supuesto un perjuicio más que un beneficio ni de casos especiales, por lo que estaríamos ante un exceso de “mano suelta” por parte del gobierno inmiscuyéndose en algo que no sería de su competencia.

Con este tipo de indultos el Gobierno está deslegitimizando por completo el principio del rule of law esencial para cualquier estado que aspire a ser considerado democrático.

El mayor problema es que estos indultos se están concediendo por intereses con la persona indultada, algo que lo hace doblemente repulsivo.

La idea no sería acabar con la posibilidad de indulto en sí, sino en exigir al Gobierno una exposición detallada que pueda justificar su acción de forma que todas las personas interesadas puedan acudir al BOE para su lectura y considerar su justa o injusta aplicación.

No debemos seguir el cliché de que una vez realizado un indulto, todo quede en el aire y ya no se vuelva a hablar del problema y que no quede nada detrás ni nadie que tuviese que asumir su decisión.


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